Aunque el Presidente Juncker anunció en septiembre de 2017 la creación de un Autoridad Laboral Europea, no fue hasta marzo del año pasado cuando se presentó esta iniciativa legislativa que pretende apoyar a los países en su labor de facilitar el acceso de trabajadores y empresas a información acerca de sus derechos y obligaciones en todo lo relacionado a movilidad laboral y coordinación de los sistemas de seguridad social.
Contará con un personal de 140 personas, incluidos los funcionarios de enlace enviados en comisión de servicio por cada Estado miembro. Los socios comunitarios deben decidir ahora dónde se encontrará su sede.
Estará dirigida por un Consejo de Administración compuesto por un representante de alto nivel de cada país y dos representantes de la Comisión Europea, todos ellos con derecho a voto. Este Consejo de Administración también contará con un experto independiente nombrado por el Parlamento Europeo y con cuatro representantes designados por los interlocutores sociales intersectoriales, aunque sin derecho a voto.
Competencias de este nuevo organismo
La ALE tendrá competencias para impulsar la cooperación operativa entre las autoridades nacionales en la aplicación de las normativas laborales de la UE y para ofrecer mediación y facilitar soluciones en caso de litigio entre organismos laborales nacionales.
Sin embargo, no tendrá el poder de organizar inspecciones por iniciativa propia, que seguirá siendo una competencia nacional. En cambio, sí podrá recomendar una inspección conjunta a los Estados miembros en aquellos casos en los que detecte un posible fraude o abuso.
"Servirá a la doble misión de ayudar a las autoridades nacionales a luchar contra el fraude y los abusos y de facilitar la movilidad a los ciudadanos", ha subrayado la comisaria belga en un comunicado, en el que también pide a la Eurocámara y el Consejo de la UE que adopten "rápidamente" la legislación.
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